El Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP): No todo lo que brilla es oro


El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), es el mayor tratado comercial firmado hasta hoy. Son 12 países –Canadá, México, Perú, Chile, Singapur, Brunei, Vietnam, Malasia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia–, con 800 millones de personas, el 40% del PIB mundial, y el 30% de las exportaciones globales. Las ganancias netas rondarían los US$295 billones al año y sería la región de mayor crecimiento hasta 2040. De paso, queda claro la ridiculez de las guerras. La de Vietnam, que a EEUU le costó 60,000 muertos y el 9% del PIB, se hizo “contra el comunismo” que hoy se vuelca en paz, sin necesidad de conflictos armados, al capitalismo.
Si sumamos la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), a ser firmado con la Unión Europea, y el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA), EEUU crearía una zona de “libre” comercio compuesta por 53 países, 1,600 millones de personas y dos tercios de la economía global. Obviamente la iniciativa TPP-TISA-TTIP recibe críticas de rivales como Rusia en tanto que el gobierno chino dijo que estudiaría incorporarse pero, por ahora, compite con su Área de Libre Comercio Asia Pacífico (FTAAP).

Ahora, los proveedores de servicios de internet se llevarán gran parte del trabajo luego del inicio del Acuerdo Asociación Trans Pacífico (TPP) que fue firmado la semana pasada por parte de los países del Asia-Pacífico.

De acuerdo a un reciente documento filtrado por WikiLeaks, los proveedores (ISP) serán los encargados de entregar los datos de la identidad de los infractores a los derechos de autor y de realizar los seguimientos a aquellos usuarios que vulneren el copyright.
La semana pasada, el propio Julian Assange calificó este tratado como una "guerra legal" por parte de los Estados Unidos, que ya tiene dentro de sus víctimas al fundador de WikiLeaks, al ex-agente de la NSA Edward Snowden y a Kim Dotcom, de Mega.

De acuerdo a ZDNet, el artículo I7 indica que cada parte del tratado debe "establecer un procedimiento judicial o administrativo que permita a los titulares de los derechos a obtener la identidad del infractor de derechos de autor de un ISP de manera oportuna y eficiente".

De esta forma, cambia el rol de los ISP, pasando a ser los encargados de buscar, eliminar y desactivar el acceso al material que reside en sus redes o sistemas cuando tenga conocimiento de la infracción.

Las implicancias de este nuevo sistema, más allá de lo evidente, permitirá a los gobiernos acceder a bases de datos de usuarios con mucha facilidad, sin necesidad de contratar servicios de espionaje.

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